Contexto: Sociedad Civil en México
No cabe duda de que la sociedad civil organizada
en México ha tenido un lento desarrollo. Según el
estudio de la Universidad Johns Hopkins (JHU) que incluye a 36
países, desarrollados y no desarrollados de América
Latina, Europa y África, la sociedad civil en México
presenta las siguientes características:
-
La proporción
de la Población Económicamente Activa (PEA) que
participa en la sociedad civil:
Únicamente el 0.4% de la PEA es parte de la fuerza laboral
del sector no lucrativo. El promedio para los países
en vías de desarrollo fue de 1.9%, es decir, cinco veces
mayor que en México. Esto coloca a México en
el último lugar del grupo de países estudiados.
- El financiamiento al sector:
Filantropía: Menos del 7% de apoyo al sector viene
de donaciones privadas: estos donativos constituyen el 0.04% del
PIB, colocando a México en último lugar del grupo
estudiado. Gobierno: De la ayuda total al sector solamente un 8.5%
proviene de fondos gubernamentales. México ocupó
el lugar 30 en este rubro y el último lugar entre los países
latinoamericanos. Cuotas: El rubro que más contribuye al financiamiento
del sector es el de las cuotas por prestación de servicios,
con un 85% del financiamiento total. En esta comparación,
México se colocó en segundo lugar a nivel internacional.
Sin embargo, es lamentable que el marco fiscal actual no dé
certeza jurídica a estas actividades.
La sociedad civil mexicana se encuentra en consecuencia, en una
posición vulnerable en términos de su sustentabilidad
financiera. Lo anterior se confirma al analizar los datos que
arroja la Encuesta Nacional sobre Filantropía y Sociedad
Civil del Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM), la cual revela que la gente no confía en el sector,
por lo cual no lo apoya:
-
74% de los mexicanos tienen
poca o ninguna confianza en el sector.
-
79% prefiere dar su apoyo
directo a una persona necesitada más que a una institución.
Con los datos presentados, no resulta sorprendente
el bajo nivel de organización de la sociedad civil en México.
Mientras que Chile tiene 35,000 organizaciones para una población
de 15 millones de habitantes, es decir una densidad institucional
de 50 organizaciones para cada 10,000 personas; en México
el número de donatarias autorizadas es de 5,558 organizaciones,
es decir, una organización por cada 20,000
habitantes.
En conclusión, es necesario desarrollar
entre otros aspectos, políticas de fomento que promuevan
un mayor asociacionismo entre los mexicanos. En este contexto, avanzar en un marco fiscal que promueva una mayor confianza
hacia el sector y apoye su desarrollo y sustentabilidad, constituiría
un paso primordial. Avanzar en cambios en la Ley del Impuesto
sobre la Renta (LISR) sería un primer elemento para generar
el ambiente propicio para el crecimiento de la sociedad civil organizada. Este
esfuerzo y las recomendaciones que de él derivan tienen como fin último fortalecer al sector, por lo que son consistentes
con el espíritu de la Ley Federal de Fomento a las Actividades
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y congruentes con una política de fomento a la pluralidad, la corresponsabilidad y la apertura democrática.
|